El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la legitimidad de la asociación GuraSOS para actuar ante la Justicia en materias relacionadas con el medio ambiente y la defensa de la salud de sus hijas e hijos, y en este caso concreto en lo referente a la puesta en marcha y funcionamiento de la incineradora de Zubieta.

En una sentencia fechada el pasado 24 de marzo, el tribunal presidido por la magistrada Inmaculada Montalván –vicepresidenta del TC– considera que «ha sido vulnerado» el derecho de GuraSOS «a la tutela judicial efectiva», que es el derecho que tiene toda persona a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la Justicia.

El caso se remonta al año 2016, con la presentación por parte de GuraSOS de un recurso contencioso-administrativo contra la concesión a la incineradora de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), documento sin el cual la instalación no se podía poner en marcha.

En septiembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitía que GuraSOS tenía «un interés legítimo» en esta cuestión, pero en marzo de 2021 daba un volantazo y emitía un auto en el que negaba a esta asociación el derecho a personarse ante un juzgado para reclamar explicaciones.  

Contra el autogobierno

En este camino por evitar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que no es otro que la legalidad de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), la Diputación de Gipuzkoa, el Consorcio de Residuos (GHK) y el TSJPV reclamaron la anulación, por no ajustarse a la Constitución española, de una Ley aprobada por el Parlamento de Gasteiz en 1998 que reconocía a la ciudadanía la potestad de iniciar acciones judiciales en casos relacionados con el medio ambiente. 

Un «autogolpe» del organismo foral –que entonces lideraba Markel Olano– contra el autogobierno que el letrado de GuraSOS, Joseba Belaustegi, no ha dudado en tildar de «paradoja esperpéntica».

GuraSOS no bajó los brazos, y ante el ‘no’ del TSJPV recurrió al Constitucional, que en mayo de 2024 admitió a trámite su recurso de amparo. En aquel momento la asociación destacó que el TC solo admite un 1% de los recursos de este tipo que se le presentan.

Diez meses después ha llegado una decisión que anula el auto de marzo de 2021, legitimando la petición de GuraSOS de que se analice el meollo de la cuestión, la legalidad o no de la AAI. La cuestión regresa a la casilla de salida, al año 2016. 

«Absoluto déficit de justificación»

La sentencia recoge en gran parte el informe del Ministerio Público, que consta de 37 páginas y que ha sido redactado por Pedro Crespo Barquero, fiscal jefe del Tribunal Constitucional. En el documento se remarca el cambio de criterio del TSJPV entre 2018 y 2021 «con un absoluto déficit de justificación», lo que «dificulta seriamente la exclusión de toda sombra de arbitrariedad».

Un término, el de arbitrariedad, que aparece en diferentes ocasiones a lo largo de la sentencia y que es definido en el diccionario panhispánico del español jurídico como «acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictado solo por voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las razones en que se basa o careciendo estas de cualquier fundamento serio».

En estos momentos, el TSJPV está obligado a cumplir la sentencia, analizar la AAI y emitir una evaluación, que Belaustegi espera que se produzca a lo largo de este año. Una decisión en el sentido de que la AAI no se ajustó a los requisitos abriría una situación que incluso podría poner en solfa la continuidad de la incineradora. 

«Abre todas las puertas»

José Mari Izeta, presidente de GuraSOS, ha apuntado que esta decisión del TC avala los derechos de su asociación y abre «todas las puertas para que podamos defender la salud y el medio ambiente» no solo en este caso, ya que ofrece una referencia para «las luchas vecinales y ecologistas en todo el Estado».

Ha recordado las veces que «hemos escuchado de boca de responsable políticos el mantra de ‘GuraSOS pierde todos los juicios’, utilizando con frivolidad términos de victoria como si estuviéramos en una competición. El TC se lo dice claro, GuraSOS está defendiendo legítimamente la salud de sus hijas e hijos y por ende la de la sociedad en su conjunto y el medio ambiente. La salud es algo muy serio como para tomárselo como si de un juego se tratara».

Por ello, Izeta ha resaltado que lo importante es que después de nueve años el TSJPV deberá entrar al fondo de la cuestión y analizar si la Autorización Ambiental Integrada «respeta las leyes y protege suficientemente la salud y el medio ambiente».